El artículo del día 24
de junio de La Vanguardia sobre el escándalo del aceite de colza viene a ser
una ampliación del publicado el día anterior. Según declaraciones del fiscal
general del Estado, José María Gil Albert, a partir de ese momento el caso del
aceite de colza adulterado pasaba a constituir un delito de atentado contra la
salud pública a tenor de las pruebas presentadas por el Ministerio de Sanidad.
Dichas declaraciones aparecen resaltadas en negrita debido a su importancia.
De nuevo, La Vanguardia
nos ofrece una actualización de las cifras de víctimas de la intoxicación, que
ahora ascienden a 45 muertos (otra persona murió en Palencia el 23 de junio) y
2.037 personas hospitalizadas. Hay que destacar una vez más la ausencia de fotos
y de un titular que recoja la muerte del último afectado por la neumonía
atípica, hecho que sería cuanto menos mucho más noticioso que el resaltado en
el título del artículo, que simplemente reza “investigación oficial sobre el
aceite tóxico”. Parece que las muertes se sucedían tan a menudo que en un
momento dado dejaron incluso de ser noticia, lo cual nos da una idea de las
proporciones del problema.
Otra vez, aparecen
declaraciones por parte del Ministerio de Sanidad, que aseguraba haber abierto
ya 7 expedientes (que junto con los 38 del Ministerio de Comercio sumaban un
total de 45 archivos sobre el caso), y a continuación, aparece publicada
íntegramente una nota de prensa emitida por el propio Ministerio. El texto,
resaltado como viene siendo habitual en negrita, comenzaba enumerando los
diferentes departamentos del Gobierno que en aquel momento se hallaban inmersos
en la investigación para determinar la fuente origen de la venta ilegal del
aceite adulterado, así como la procedencia del aceite de colza utilizado en la
mezcla. Todo apuntaba a que una parte del aceite provenía de una venta ilegal,
de manera que Aduanas estaba investigando los negocios efectuados por los
mayores importadores del país, situados en su mayoría en el País Vasco y
Cataluña, mientras que policía y Guardia Civil iban de localidad en localidad
buscando el almacén exacto donde se produjo la mezcla de aceites a mediados de
abril.
También se habla de un
posible almacén sospechoso, que por lógica debería ser el de RAEL, mencionado
en artículos anteriores, aunque en este caso no se especifica su nombre, sino
que simplemente se dice que en dicho lugar se encontraron todos los componentes
del aceite mezclado excepto los tóxicos hallados en las garrafas domiciliarias
de quienes lo consumieron, ya que fue vendido de manera ambulante, lo cual
dificultaba su localización.

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