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Primer artículo: En este número de La Vanguardia
concluye la crónica de Mariano Guindal sobre el caso del aceite de colza que
comenzó el día 26 de junio. Con el antetítulo “el aceite tóxico (y IV)” y el
título “nadie se siente responsable”, el artículo, de extensión similar al
último, indaga esta vez en la posibilidad de que todo el asunto fuera una
estafa fiscal a gran escala en lugar de un fraude llevado a cabo por unos pocos
responsables, como indica el subtítulo. La entradilla, en negrita, amplía dicha
información y asegura que la oposición pedía en aquel momento al Gobierno que
cesara a los responsables, aunque nadie se atribuía las culpas.
Llaman la atención las
declaraciones recogidas en la primera parte del texto, en las que el Ministerio
de Sanidad, el secretario de Estado, el subdirector general de la Higiene en
los Alimentos, el Ministerio de economía y Comercio, el de Agricultura y Pesca,
y, en definitiva todas autoridades gubernamentales que de una manera u otra se
vieron implicadas en el caso, no sólo rechazaban cualquier tipo de
responsabilidad respecto a la desastrosa manera en la que se manejó éste, sino
que además aseguraban haber actuado de la manera más adecuada teniendo en cuenta
las respectivas circunstancias de cada institución.
El primer ladillo que
encontramos, “doce detenidos”, hace referencia a las detenciones de los
presuntos responsables de la mezcla del aceite tóxico, realizadas tiempo
después de descubrirse la causa de la crisis, la última de las cuales
correspondió a Jesús Espanadero Coca, un empresario del aceite vallisoletano.
Una vez más, se explica el arresto de los hermanos propietarios del almacén
RAEL de Alcorcón, e incluso aparecen unas declaraciones de uno de ellos, que a
día 10 de junio negaba cualquier tipo de irregularidad en la venta de su aceite
y aseguraba que las acusaciones contra ellos formaban parte de una campaña para
terminar con la venta ambulante. Sin embargo, resultan mucho más llamativas las
declaraciones de Antonio García Pablos, abogado y profesor de Derecho Penal que
en 1975 fundó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras dimitir
como primer Presidente del Consejo de Comercio Interior y de los Consumidores,
a los seis meses de su nombramiento por el Ministro de Comercio. García Pablos
afirmaba con rotundidad que tanto las irregularidades en la investigación como
la ausencia de responsabilidades se debía a que los fallecidos eran de clase
baja, y que si uno de los afectados hubiera sido un banquero, un obispo, un
militar o un político, la historia habría sido muy diferente.
“Visos de gran estafa”
es el segundo ladillo del artículo y vuelve a poner en boga la sospecha de una
estafa fiscal a gran escala como la auténtica causa primera de toda la crisis. Por
aquel entonces se importaban a España cada mes grandes cantidades de aceite de
colza desnaturalizado para uso industrial y cantidades más reducidas de aceite
de colza para la alimentación. Este último tipo de aceite estaba sometido a
unos fuertes aranceles, mientras que el primero apenas pagaba tasas aduaneras,
por lo que los investigadores comenzaron a sospechar que se introducían en el
país grandes cantidades de aceite para la alimentación que se hacía pasar por
aceite para uso industrial. El problema llegó supuestamente cuando alguien
introdujo aceite desnaturalizado de verdad sin avisar a los encargados de
realizar las mezclas. A colación de esto en el artículo se hace referencia al
escándalo del aceite de Redondela, en el que una aceitera defraudó 4 millones
de litros y provocó un escándalo en 1972.
El último ladillo,
titulado “investigación industrial”, da pie al final del artículo, en el que se
indican los pasos que tendría que seguir la investigación para demostrar el
fraude antes mencionado y se enumeran algunas de las consecuencias que podría
traer todo el asunto de la intoxicación por el aceite de colza, como la caída
de las ventas de colza en España y el consiguiente frenazo de su cultivo, que
en 1981 estaba en alza.
Así concluye esta serie de reportajes de Mariano
Guindal sobre el problema del aceite, con un indicador al final que señala que
las anteriores entregas se publicaron los días 26, 27 y 28 de junio. Todas las
declaraciones del texto aparecen remarcadas en negrita y no hay ninguna imagen
que lo complemente.
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